Por Guillermo Cifuentes
“Lo que prometía ser y no fue, no era nada”, Oscar Wilde
Un político muy activo en la arena internacional y en retiro de la política local alborotó hace algún tiempo el avispero criollo planteando que aquí hacía falta conceptualizar. Lo recordé en estos días a propósito de la necesidad imperativa de protegerse que uno siente cuando algún extraviado confunde con un piropo el término desestabilizador y ante tal torpeza le resulta inevitable pensar que hay metidas de pata que merecen la llamada a retiro definitiva. Pero de todo hay en la viña del Señor.
Los acontecimientos de la semana nos reafirman en el criterio de que vale la pena retomar aquello de la salida de la crisis y de la puesta a prueba de la institucionalidad. Ambas cuestiones ocupan un primer plano para todo aquel que vea más allá de su nariz y no tenga insomnios por culpa de Almagro (el de la OEA).
Por más que lo desearon los de Palacio y los del CP, la declaración de Mónica no fue suficiente para dejar a los verdes sin ocupación y el tránsito a la justicia y el fin de la impunidad “que viene lento pero viene” debe ser perfectamente favorecido recordando experiencias de otros países respecto del tratamiento, de las condiciones necesarias para lograr el castigo al soborno.
Ya vimos que la asesoría en transparencia es una institución originaria de esta media isla, por lo que no debe sorprender que varios asesores en transparencia insistan en afirmar -especialmente en el último número extraordinario de la revista “Too much”- que el soborno es un delito muy difícil de investigar en primer lugar porque el “tigueraje” no deja huellas fáciles de detectar, además de que son expertos en pedir pruebas, intentando generar en los jueces una inhibición respecto a sobrevalorar la prueba y desvalorizar la convicción del juez y la confesión del delincuente. Todo un cumplido al “crimen perfecto”.
Sin separación de poderes las posibilidades de éxito en las investigaciones de este tipo de delitos de corrupción son muy escasas y en eso los expertos son también definitivos. Si, como sabemos, no se dispone del personal preparado, con antecedentes incuestionables para poder adelantar en este tipo de procesos de alta complejidad, el fracaso está asegurado. Nada nuevo bajo el sol.
Otro requisito es que la investigación pueda llevarse dentro de la más absoluta confidencialidad, por eso se considera el secreto como la única ventaja inicial del investigador. Según los expertos, trabajar las pistas “hacia atrás” de todos los potenciales investigados resulta eficaz pues puede hacer posible la detección de compras de artículos costosos como joyas o ropas (deben ser objeto de investigación las “yusleidis”*), adquisición de propiedades inmobiliarias, uso de tarjetas de crédito en el extranjero, etc.
Deben ser revisados y sometidos a prueba los procesos de licitación, adjudicación y contratos, por aquello de que “un cheque anulado puede contar una historia fascinante si es leído por un experto” (Hershman). Actas de reuniones e interrogatorios a los asistentes cuando han sido modificados acuerdos anteriores, suelen entregar también información relevante.
Recuerdo haber escrito dos artículos “Reelecciones comparadas: Colombia y Perú” en mayo de 2015 y en ambos procesos el soborno fue un protagonista principal para desencadenar las reformas políticas que hicieron posible la reelección de Fujimori y de Uribe. Las características de ambas investigaciones y sus dificultades son parecidas, pero no hay que olvidar de ellas una importante conclusión que puede servir de ayuda: los primeros sospechosos, son los que cambian de opinión repentinamente y los que cambian a última hora. En los dos casos los y las culpables fueron condenados después de acuciosas investigaciones, que se iniciaron producto de la confesión de una sobornada en Colombia y del conocimiento de los “vladivideos en Perú.
Finalmente cómo no mencionar a un criminal inolvidable, un delincuente internacional que fue descubierto por otra de las vertientes de investigación anotadas arriba. Me refiero a Daniel López, mejor conocido como Augusto Pinochet. Cuentan que los servicios de seguridad norteamericanos revisaban cuentas ‘extrañas’ que pudieran estar sirviendo a organizaciones terroristas cuando detectaron movimientos financieros en cuentas secretas del Riggs Bank de Estados Unidos cuyo propietario parecía ser un tal Daniel López.
Entre los documentos incriminatorios estaba “una aclaración de los ejecutivos del Riggs, según la cual parte de los fondos del ex dictador provenía de comisiones, pagos y honorarios por proyectos secretos, en especial de tipo militar, realizados fuera de Chile. Entre los proyectos militares que rindieron presuntas coimas a Pinochet figura al parecer el fallido Cohete Rayo, en conjunto con una compañía británica, y en el que Chile invirtió más de 66 millones de dólares.”
La sabiduría popular dice que “A siete males siete virtudes”: de las experiencias descritas puede fácilmente desprenderse que a pesar de las dificultades los sobornos son posibles de investigar y sancionar.
Ante experiencias exitosas como esas que acabo de anotar, vuelve a tener vigencia la afirmación de “poner a prueba la institucionalidad”. Nada del otro mundo. Se trata simplemente de investigar y sancionar en los marcos legales establecidos y con la experiencia conocida. Quienes tienen responsabilidad de investigar y eligen no hacerlo mientras claman por pruebas que nunca van a llegar, pues no las buscan, ponen en peligro la escasa institucionalidad existente. Y no hay que olvidarlo, ni olvidarlos.
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* (Ver: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/02/25/maridos-corruptos-y-esposas-inocentes/)
